La ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó tranquilidad frente a las reservas de constitucionalidad presentadas por tres diputados durante la votación del proyecto que crea el marco normativo para escuelas protegidas, iniciativa que ya fue despachada a ley. La autoridad señaló que esas impugnaciones son parte del proceso legislativo y que el Ejecutivo ha analizado detenidamente las disposiciones contenidas en el texto final.
APROBACION DE LA LEY
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley. La ministra agradeció el respaldo de los parlamentarios y destacó que el origen de esta propuesta se encuentra en los hechos ocurridos en Calama, tragedia que impulsó al gobierno a darle máxima prioridad a su tramitación.
Arzola explicó que el objetivo central es que los establecimientos educacionales puedan contar cuanto antes con herramientas legales para enfrentar situaciones de violencia y delitos que afectan la seguridad de la comunidad escolar. La ley busca formalizar prácticas que muchos colegios ya se han visto obligados a adoptar.
RESERVAS DE CONSTITUCIONALIDAD
Tres diputados formularon reservas de constitucionalidad, centradas principalmente en la medida que contempla la pérdida del beneficio de gratuidad para los estudiantes que sean condenados por delitos cometidos en el contexto escolar. A juicio de los impugnantes, esa disposición podría configurar una doble sanción.
Consultada al respecto, la ministra afirmó que el gobierno estudió bien las normas del proyecto y que no existe inquietud sobre su validez constitucional. Arzola señaló que el Ejecutivo está tranquilo con la discusión y tramitación, y consideró que las reservas de constitucionalidad son parte del proceso legislativo. Agregó que los parlamentarios ejercen su derecho legítimo al recurrir a esa instancia, pero que desde el Ejecutivo se mantiene la convicción de que el texto es jurídicamente sólido.
MODIFICACIONES DEL SENADO
La ministra reconoció que las enmiendas introducidas por la Cámara Alta buscaron atender aprensiones legítimas planteadas durante la discusión. No obstante, subrayó que la esencia de la iniciativa se mantiene intacta y que sigue cumpliendo su propósito original: establecer medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Arzola enfatizó que se busca que los colegios implementen las medidas lo antes posible y tengan las herramientas necesarias para enfrentar la violencia y los delitos que hoy les impiden un entorno seguro.
MEDIDAS Y BENEFICIOS
En relación con la disposición que permite inhabilitar al estudiante condenado para acceder a la gratuidad, la ministra recordó que el Presidente José Antonio Kast ya había adelantado en su Cuenta Pública la necesidad de repensar los beneficios para quienes cometen delitos o incivilidades. Arzola calificó esta ley como un primer paso en esa dirección, para avanzar hacia ese cambio de foco.
La autoridad enfatizó que la norma no crea sanciones nuevas para la comunidad educativa, sino que formaliza herramientas que ya se utilizan en la práctica diaria de los establecimientos. Por ello, el gobierno espera avanzar rápidamente en su implementación una vez que sea promulgada.
IMPLEMENTACION
Arzola concluyó que el ministerio se encuentra listo para poner a disposición de los colegios los recursos y orientaciones necesarios para aplicar la ley. La prioridad, dijo, es que las comunidades escolares puedan contar con un entorno seguro y libre de violencia, objetivo que justificó la urgencia con que se tramitó el proyecto.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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