Detenidos en la megainvestigación «Operación Tokio»: bancos ya habían reportado movimientos atípicos ante la UAF
El reciente operativo denominado «Operación Tokio», que culminó con la detención de 19 personas vinculadas a una célula del Tren de Aragua, puso en evidencia los flujos financieros ilícitos que movilizaron cerca de 78 mil millones de pesos. La Fiscalía los formalizará por delitos de lavado de activos, en una causa donde el dinero habría salido de Chile mediante empresas de criptomonedas. Sin embargo, antes de que se concretaran las capturas, al menos tres entidades bancarias ya habían alertado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas de algunos de los imputados.
De acuerdo con la información recabada, esos reportes formales datan desde el año 2024 y fueron reiterados en fechas posteriores, aunque el Ministerio Público no ha confirmado si esos antecedentes fueron utilizados como insumo en la investigación. Entre los detenidos figura José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, quien habría utilizado sus conocimientos personales para canalizar sumas relevantes al extranjero entre 2022 y 2025, pero sin emplear los sistemas internos de su empleador ni su cargo, sino abriendo cuentas en distintos bancos como cualquier persona natural.
EL MECANISMO DE REPORTES Y LA RESPUESTA DE LA BANCA
La legislación chilena, específicamente la Ley N° 19.913, obliga a las instituciones financieras a informar a la UAF cualquier acto, operación o transacción que resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente. Estos son los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). En 2025, la UAF recibió 21.828 ROS, un incremento del 25,3% respecto del año anterior, lo que equivale a 87 reportes por día hábil.
Frente al caso concreto, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, destacó que la banca chilena mantiene una coordinación permanente con el Ministerio Público y la UAF, y que el sector ha desarrollado mecanismos concretos de cooperación. No obstante, reconoció que existen brechas que requieren atención legislativa.
PROPUESTAS PARA FORTALECER LA INTELIGENCIA FINANCIERA
El gremio bancario planteó que, a diferencia de países como México, Australia, Reino Unido o Singapur, Chile carece de mecanismos legales que permitan compartir información de ROS entre instituciones privadas y la UAF. Según Mena, cerrar esa brecha implicaría ajustes normativos que la industria considera oportuno evaluar.
Además, el líder gremial señaló que el modelo actual de la UAF privilegia la fiscalización y el cumplimiento, en desmedro de una inteligencia financiera más profunda. Para mitigar esto, propuso una retroalimentación oportuna sobre la calidad de los ROS y la entrega de señales tempranas de alerta, como tipologías de operaciones sospechosas. En su opinión, esto debiera complementarse con un mayor intercambio de buenas prácticas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Mena agregó que los bancos operan actualmente «a ciegas», pues la regulación establece lineamientos para reportar, pero el flujo de información es unidireccional: las entidades envían los informes y la UAF decide su curso, sin que las instituciones reciban indicaciones sobre personas, cuentas o sectores que merezcan especial atención. Tampoco pueden intercambiar datos entre ellas para activar alertas tempranas.
No obstante, la Abif ya inició una agenda con la UAF para compartir buenas prácticas, racionalizar los reportes y mejorar la detección de operaciones vinculadas al crimen organizado. Asimismo, con el Ministerio Público opera un protocolo que permite solicitar medidas como el congelamiento de cuentas las 24 horas del día, los siete días de la semana, mecanismo que el propio Fiscal Nacional ha valorado. Para las próximas semanas se prevé establecer una mesa de trabajo entre la Abif, el Ministerio Público y otras instituciones para abordar el fraude financiero transaccional.
EL ROL DE LAS FINTECH Y LAS MIRADAS EXPERTAS
La obligación de reportar operaciones sospechosas no recae solo en la banca tradicional. Desde la entrada en vigencia de la Ley Fintech, también la industria de las plataformas financieras digitales debe cumplir con ese deber. El abogado académico de la Universidad Católica, José Antonio Gaspar, advirtió que las fintech y los criptoactivos son foco de preocupación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que dicta estándares contra el blanqueo de capitales.
Por su parte, Tamara Agnic, quien dirigió la UAF entre 2009 y 2012, consideró apresurado concluir que existió una falla sistémica sin conocer los antecedentes reservados de la «Operación Tokio». Sin embargo, estimó que Chile requiere menos burocracia y más inteligencia financiera para seguir el rastro del dinero del crimen organizado. A su juicio, resulta fundamental fortalecer la capacidad estatal para integrar y analizar información financiera, tributaria, aduanera y patrimonial, aplicando un enfoque basado en riesgos, tal como promueven los estándares internacionales.
La necesidad de una coordinación más fluida y de herramientas analíticas más robustas resurge así a partir de un caso que expone tanto la capacidad de detección temprana del sistema financiero como las limitaciones en el intercambio de información y en la retroalimentación a los sujetos obligados.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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